Artículo
publicado en El Pais, el 21 de marzo
de 2009 por JUAN ARIAS- Rio de Janeiro
Brasil asigna
una región de uso exclusivo para 19.000
indígenas
El fallo del Supremo expulsa a los
arroceros de una superficie como Zaragoza
JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 21/03/2009
Los 19.000 indígenas de la mayor reserva
de Brasil, la de Raposa Serra do Sol,
en el Estado amazónico de Roraima, con
una extensión de 1,7 millones de hectáreas,
consiguieron ayer una victoria sin precedentes.
El Supremo Tribunal Federal, con 10
votos a favor y uno en contra, decretó
la salida de la reserva de los arroceros
y de todos los no indios que se habían
ubicado ilegalmente desde hacía años.
Los 19.000 indígenas de la mayor reserva
de Brasil, la de Raposa Serra do Sol,
en el Estado amazónico de Roraima, con
una extensión de 1,7 millones de hectáreas,
consiguieron ayer una victoria sin precedentes.
El Supremo Tribunal Federal, con 10
votos a favor y uno en contra, decretó
la salida de la reserva de los arroceros
y de todos los no indios que se habían
ubicado ilegalmente dentro de la reserva
desde hacía años. La superficie en disputa
es igual que el Estado de Israel o la
provincia de Zaragoza y mayor que dos
veces la Comunidad de Madrid.
Los indígenas, que siguieron desde la
selva el debate y la votación a través
de llamadas telefónicas, festejaron
la victoria abrazándose, cantando y
danzando. Organizaron ritos ancestrales
de agradecimiento y enarbolaron pancartas
agradeciendo el voto favorable a la
reserva emitido por los magistrados.
La sentencia del Supremo puede despejar
el camino para decenas de reservas indígenas
con similares problemas de ocupación
por parte de ganaderos, madereros, agricultores
de arroz y soja o empresas petrolíferas.
La lucha de los indios de Raposa Serra
do Sol, que abarca varias etnias, fue
larga y difícil. Los arroceros y los
políticos locales, a quienes los colonos
ayudaban en sus campañas electorales,
vetaron durante años las reivindicaciones
de los indígenas.
En 2005, tras la llegada de la izquierda
al poder, el presidente Luiz Inácio
Lula da Silva emitió un decreto para
que la reserva Raposa Serra do Sol fuera
de uso exclusivo para los indígenas,
lo que obligaba automáticamente a abandonar
el lugar a todos los que no lo fueran.
Los políticos locales y arroceros acudieron
al Supremo Tribunal Federal alegando
presunta anticonstitucionalidad del
decreto.
En el Supremo la discusión del problema
duró hasta el año pasado, cuando los
jueces votaron a favor de la constitucionalidad
del decreto por mayoría absoluta. Sin
embargo, la decisión final fue aplazada
porque el magistrado Marco Aurelio Mello
pidió más tiempo para estudiar la cuestión.
El jueves pasado la discusión fue retomada
y definitivamente zanjada a favor de
los indígenas.
Los jueces dictaron también algunas
reglas sobre cómo desalojar a unos 200
productores arroceros y demás blancos
que también viven en la zona. Los abogados
de los agricultores pidieron un aplazamiento
de la salida hasta julio para recoger
la cosecha, pero el relator del caso,
el magistrado Carlos Ayres Britto, descartó
tal posibilidad alegando que ellos habían
sembrado la cosecha sabiendo que lo
hacían ilegalmente y que, por tanto,
habían asumido el riesgo. Ahora, el
Gobierno espera que los campesinos abandonen
pacíficamente la reserva.
El Supremo también dirimió uno de los
puntos más polémicos que usaban a su
favor los contrarios a la reserva, como
el hecho de que el Ejército no pudiera
entrar en esa zona. La sentencia aclara
que en caso de necesidad, el Ejército
podrá intervenir. Al mismo tiempo, los
indígenas no podrán explotar los recursos
hídricos o potenciales eléctricos sin
el consentimiento explícito del Congreso.
Los miembros del Supremo han explicado
en varias ocasiones que la sentencia
no entraña la creación de un "Estado
indígena" en Brasil, puesto que
el territorio seguirá perteneciendo
al Estado central. Los indígenas dispondrán
de la reserva en régimen de usufructo,
gracias a un derecho adquirido, dado
que lo ocupaban antes de la llegada
de los europeos y porque así lo sancionó
la Constitución brasileña.
Los genuinos habitantes de Raposa do
Sol habían anunciado hace meses que
en cuanto se conociera el veredicto
del Supremo eliminarían las 27.000 hectáreas
de arrozales que fueron plantadas de
forma ilegal, reforestarían el terreno
y sólo plantarían una pequeña cantidad
de arroz destinado a la subsistencia.
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