Brasil vive un momento crucial en la lucha por la tierra. Empresarios y latifundistas invaden tierras indígenas para ampliar las extensiones del agronegocio.
En Raposa Serra do Sol, la presión de los latifundistas puede lograr que el Supremo Tribunal Federal derogue la demarcación de la tierra indígena, reconocida por Lula en 2005. Está previsto que el Tribunal haga pública su postura el próximo mes de agosto.
Si lo consiguen, se habrá creado un grave precedente que pone en riesgo todas las tierras indígenas demarcadas hasta el momento.
Mientras tanto, los pueblos Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó están siendo agredidos por latifundistas y autoridades locales.
En 2007, 86 indígenas han sido asesinados en Brasil.
EXTREMA VULNERABILIDAD
Acosados, agredidos, discriminados. Los pueblos indígenas de Brasil atraviesan uno de los momentos históricos de mayor vulnerabilidad. La presión del
poder del agronegocio y energético amenazan con dejar a los pueblos indígenas sin tierra vulnerando la Constitución brasileña. Según datos del Censo brasileño, más de 700 mil indígenas, de 215 grupos distintos, viven en Brasil, tanto en reservas como en zonas urbanas. De ese total, 345 mil viven en aldeas.
RAPOSA SERRA DO SOL: PARADIGMA DE LA LUCHA
La Tierra Indígena Raposa Serra do Sol está situada en el Estado de Roraima (norte de Brasil). En ella viven más de 19.000 indígenas de los pueblos Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó, distribuidos en 149 comunidades.
Una de las historias más violentas de Brasil.
Primero fueron los colonizadores portugueses y los grandes ganaderos que ocuparon enormes extensiones de Raposa Serra do Sol. Esclavizaron a los indígenas, hasta tal punto, que los marcaban con hierro ardiendo como al ganado.
Luego, llegaron los buscadores de oro –garimpeiros-, que incrementaron el clima de violencia en Raposa, introdujeron enfermedades, el alcohol, y causaron enormes daños al medio ambiente.
En 1992 desembarcaron los grandes empresarios del agronegocio, que ocuparon enormes extensiones donde plantaron arroz. Gran parte de la ocupación se realizó en época muy reciente, cuando la demarcación de tierra indígena ya había sido reconocida. Las agresiones y los daños ambientales se han intensificado: 21 líderes indígenas asesinados, cientos de indígenas heridos (incluidos mujeres y niños), comunidades enteras arrasadas y actos terroristas como la utilización de bombas para destruir las casas, hospitales y escuelas indígenas. El Gobierno del Estado de Roraima ha premiado a los arroceros con la exención de impuestos y respalda su lucrativo negocio mediante medidas legales que van contra los derechos indígenas. Ningún arrocero ha pagado las multas por deterioro ambiental impuestas por el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente). Tampoco hay nadie en prisión por las agresiones a los indígenas.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
La influencia del lobby del agronegocio ha conseguido que el Supremo Tribunal Federal de Brasil, máximo órgano judicial, haya suspendido la operación de la Policía Federal para expulsar a los latifundistas, y haya aceptado un recurso del gobierno de Roraima contra la demarcación de la tierra indígena.
2005
En abril de 2005 el Gobierno brasileño reconoció el derecho originario de los indígenas de Raposa Serra do Sol sobre sus tierras. La victoria fue muy importante, pero parcial. Ganaderos y buscadores de oro se retiraron, pero no los arroceros. Seis poderosos latifundistas se niegan a salir del territorio tal como les obliga la ley. Disponen de grandes superficies de tierra fértil: más de 14.000 hectáreas. En este tiempo han ampliado sus tierras y sus plantíos, han aumentado los daños ambientales (contaminan el agua, utilizan agrotóxicos, desecan lagunas y desvían el agua de los ríos) y han generado permanente violencia y terror. Mantienen el apoyo explícito de la clase política de Roraima, de los medios de comunicación locales y de una gran parte de la población del Estado de Roraima que ve en los indios son impedimento al progreso económico de la región. Políticos y arroceros quieren la demarcación en un área discontinua, “islas” donde puedan permanecer con sus tierras invadidas.
2008
En marzo de 2008, el Gobierno de Lula decide, después de agotar la vía de negociación, enviar una fuerza policial para expulsar a los arroceros. La reacción de los invasores fue la formación de pequeños grupos con prácticas terroristas: quemada de puentes, corte de carreteras, bombas arrojadas en viviendas indígenas, etc. Cuando la operación policial estaba preparada para retirar los arroceros, el Supremo Tribunal Federal, máximo órgano judicial del país, suspendió la operación y aceptó un recurso presentado por el gobierno de Roraima, entrando en contradicción con su propia jurisprudencia. Está previsto que el Tribunal haga pública su postura el próximo mes de agosto.
Si el Supremo se decanta a favor de los arroceros…
Se abrirá un grave precedente que pone en riesgo todos los derechos indígenas conquistados a lo largo de las últimas décadas. Los grupos contrarios a la causa indígena podrán cuestionar y exigir la revisión de todas las tierras indígenas demarcadas en Brasil. Estarán en riesgo, no sólo Raposa Serra do Sol, sino todas las reservas indígenas del país, que pasarán a ser todavía más ambicionadas por los latifundistas.
Si el Supremo se decanta a favor de los indígenas…
Se espera una contundente campaña de violencia por parte de los arroceros y los políticos locales hacia las comunidades indígenas. El poder de los latifundistas y su connivencia con las autoridades locales pone en riesgo la vida de los pueblos indígenas que viven en Raposa Serra do Sol.
RAPOSA SERRA DO SOL: UN EMBLEMA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE
En Raposa Serra do Sol actúan 251 profesores indígenas en 116 escuelas, 438 agentes indígenas de salud y 100 indígenas técnicos en 187 puestos de salud y 62 laboratorios. Dentro de la reserva funciona el Centro Indígena de Formación y Cultura donde se forman los futuros líderes indígenas y técnicos en agricultura y ganadería. Estas comunidades se han distinguido por la defensa no violenta de sus derechos e identidad, así como de la puesta en práctica de un modelo de desarrollo sostenible, ejemplo para muchas comunidades del país.
